El cada vez más pródigo tema de Uber y su legalidad -o falta de ella- siempre tiene que ver con la extraña tendencia de las autoridades de p...
Ahora sabemos que nuestra casa, el coche, incluso los hobbies se convierten en una fuente de ingreso, de eso se trata la economía colaborativa; irónicamente, las autoridades buscan por todos lados la forma de inhibirla, pero no porque les preocupe la seguridad o la legalidad, sino para proteger sus intereses clientelares con los verdaderos villanos de la historia: los taxistas.
El de los taxis es un monopolio protegido, y a quienes se benefician de él les interesa mantenerlo así, y esto no es prerrogativa mexicana, por supuesto; las mismas razones sin sentido se han esgrimido en Berlín, en Bogotá, en Londres, en Buenos Aires, e incluso en Cancún; el esquema de taxis a la vieja usanza es un muy redituable mecanismo de extracción de rentas, tanto económicas como políticas.
Sin embargo, los cada vez más ridículos intentos de eliminar la economía colaborativa son precisamente eso: un mezquino y vano propósito que llegará a nada.
La economía de los activos compartidos ya está generando una disrupción indetenible en México, y así podemos ver y disfrutar servicios como los de Uber y Cabify, que ofrecen movilidad más eficiente, Airbnb con magníficos servicios de hospedaje, y Upwork con proyectos y trabajadores freelance.
El crimen cometido contra Mara Castilla fue un ejemplo de cómo estas nuevas tecnologías hacen mucho más difícil ser impunes al ejercicio de la ley cuando se delinque; el responsable del homicidio fue localizado prácticamente de inmediato y ya en este momento está declarando ante las autoridades. Fue un error realmente bobo por parte de las uniones de taxistas usar ese caso para tratar de inhibir el crecimiento de esas plataformas, porque los usuarios no son tontos; por cada caso en Uber o Cabify, hay cientos que sus propios choferes ejercen, casi bajo la total impunidad y con pocas posibilidades de ser aprehendidos, diversos ilícitos que son documentados fielmente por los medios.
Evidentemente, la polémica estará siempre servida en el caso de la economía colaborativa, pues por cada persona contenta que usa de este tipo de servicios, habrá una que los venda y esté, lógicamente, enojada por ya no poderlos usufructuar como antes.
Así pues, son doblemente ridículos los intentos del Estado de prohibir estas innovaciones y nuevos mecanismos, de hecho el Estado no debe enfocarse en que no haya competidores para los taxis, porque esa regulación genera pocos beneficios y muchos costos.
Obviamente, el sufrimiento de los taxistas tradicionales es compartido por el Estado por el uso clientelar y político que asegura a uno la existencia del otro, y viceversa; el pago de favores o componendas políticas se traduce en protección y salvaguarda de intereses cupulares.
Es por ello que a este tipo de tecnologías se les denomina como disruptivas, porque generan un cambio profundo en la forma y en el fondo de hacer las cosas, tanto el Estado como las organizaciones de taxistas, y de paso de hoteleros y de empresas de administración de recurso humano, deberán adaptarse y aprender a vivir con ellos, porque están aquí para quedarse.
Es cierto, estas disrupciones tienen el potencial de poner nuestro mundo totalmente de cabeza, y las cosas se pondrán realmente densas y complicadas cuando el Estado tenga que tomar cartas en el asunto por venir, y que tendrá implicaciones mucho más serias que las actuales, pues está prácticamente a la vuelta de la esquina la llegada de los autos y los camiones sin chofer. La tecnología existe, se ha probado y ya está lista para ser comercializada a escala mundial, y entonces sí, las consideraciones económicas, éticas y sociales serán completamente distintas.
Mientras ello ocurre, es importante dejar trabajar y consumir a quien quiera hacerlo, en vez de pretender prohibir por mandato de ley una profunda e indetenible innovación de mercado.
Columna publicada originalmente en el periódico El Sol de León
